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Para comenzar con el desarrollo de las revoluciones contemporáneas, necesitamos partir desde el reconocimiento de la concepción del hombre como poseedor de derechos como una creación del Siglo XVIII. En este sentido, los comienzos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa llevaron a pensar las sociedades con términos nuevos como soberanía popular, contrato social, delegación, división de poderes y, sobre todo, ciudadanía. Según estos nuevos postulados, todas las personas nacen libres e iguales, lo que equivale a decir que llegan al mundo con las mismas atribuciones y garantías. Así, el súbdito del Antiguo Régimen monárquico, que establecía un vínculo de vasallaje con su señor y al que no podía rebelarse, dio paso a la creación del ciudadano, individuo portador de derechos y deberes.

Los derechos referidos a los sujetos remiten explícitamente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establecida durante la Revolución Francesa. En ella se proclamaba la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión como derechos naturales e imprescriptibles de todos los hombres. Por “naturales” se entendían los derechos que pertenecen al hombre por nacimiento, y que, por lo tanto, deben ser reconocidos por la sociedad y el Estado sin ninguna restricción. Estos derechos se dirigían especialmente a proteger a los individuos frente a los poderes absolutos –como las monarquías y los imperios–, por lo que se constituyeron más como permisos que como atribuciones; es por eso que muchas veces aparecen enunciados como libertades.